Las prodigiosas aguas de la cuenca del río Madeira, que además de los bufeos, son recorridas por un tercio de las especies de peces de toda la Amazonia, al menos 1000 especies, siempre han sido observadas por los gobiernos de Bolivia y Brasil. La visión: represar sus turbias aguas para abrazar el tan ambicionado progreso energético. Y desde 2008, cuando comenzaron a construirse las represas de Santo Antônio y Jirau, los dos países tienen un acuerdo de cooperación para explorar la posibilidad de nuevos desarrollos.
En ese momento, los planes ya incluían dos proyectos: Ribeirão, una central hidroeléctrica que se pretende construir entre las poblaciones fronterizas de Guayaramerín y Guajará-Mirim. Y Cachuela Esperanza, que se construiría en territorio boliviano del mismo nombre. Ambas presas, junto a Jirau y Santo Antônio, forman parte del tan anhelado complejo hidroeléctrico del río Madeira, impulsado por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).
En el caso de Bolivia, esta planificación también responde a la iniciativa "Bolivia corazón energético de Sudamérica", uno de los principales planes en materia energética que promovió el anterior gobierno del ex presidente Evo Morales, el cual forma parte de la Agenda Patriótica 2025, que indica que, hasta ese año, el 95% de la población boliviana tendría electricidad y se espera exportar unos 3.000 (MW) de electricidad excedente a los países vecinos.
Un plan, que, a pesar de los numerosos reclamos de los pueblos indígenas, activistas y científicos, sobre los múltiples impactos ambientales y sociales que esto tendrá, el gobierno nacional hizo de oídos sordos. Y planificó una millonaria inversión de 25 mil millones de dólares hasta el año 2025, para "represar" diferentes ríos del país con la construcción de una serie de hidroeléctricas.
Los proyectos Ribeirão, que se pretende construir entre las poblaciones fronterizas de Guayaramerín y Guajará-Mirim, y Cachuela Esperanza, que se construiría en territorio boliviano.
En lo que respecta a su par, el recién electo presidente boliviano, Luis Arce, y al nuevo plan de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), se pretende continuar con la iniciativa que inició Morales.
Ya que su programa señala que “los proyectos en marcha y los nuevos que se emprenderán para la producción de energía eléctrica garantizan el abastecimiento del mercado interno y hasta la exportación de energía a países de la región”. Al mismo tiempo que, “es importante exportar la energía eléctrica a nuestros vecinos. Debemos multiplicar esta iniciativa para convertir la energía en el tercer ramo de exportación para el Bicentenario (2025)”.
Es así, que dando continuidad a estos planes, y luego de varias presiones de ambos gobiernos, en 2017, la alianza binacional entre la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) de Bolivia y Electrobras de Brasil, concluyó una licitación que eligió a Worley Parsons, una empresa de ingeniería con sede en Río de Janeiro, para realizar los Estudios de Potencial Hidroeléctrico Binacional de la Cuenca del Río Madeira, que fueron financiados por el Banco de Desarrollo para América Latina (CAF).
Ahora se espera que la alianza entre las empresas estatales de energía de ambos países - Electrobras y ENDE - concretice lo que mandaron sus gobiernos, y presenten estos estudios durante los próximos meses, los que prevén la construcción de nuevas represas en el río Madeira.
Según los documentos de acceso público, los estudios de potencial hidroeléctrico no se limitan únicamente al río Madeira, sino que incluyen también a sus afluentes: Beni, Mamoré, Ribeirão, Yate, Negro y Lage. Una situación que convierte el debate sobre los impactos de las centrales hidroeléctricas ya construidas en el río Madeira, en algo extremadamente vital en este momento.
Entonces, considerando la delicada situación ya causada por las represas del Madeira sobre los delfines de río y otras especies, quisimos conocer también la opinión de otros investigadores y representantes de la sociedad civil, para saber cómo vislumbran los estudios que prevén la construcción de más represas.
Una de estas opiniones nos la brindó Silvia Molina, quien es investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Ella comentó que, "estamos ante un tema de vulneración de derechos muy grande, pero no solamente eso, sino de vulneración de las normas de Bolivia, vulneración de ciertos aspectos de la Constitución, como el papel de la Amazonia y de decisiones soberanas".
Molina también nos indicó que, las características bajo las cuales se están realizando estos estudios son poco conocidas. Muestra de esto fue que cuando ella, junto a organizaciones bolivianas y brasileñas, intentaron paralelamente obtener mayor información en 2018, las respuestas que obtuvieron desde la justicia de Brasil fue que no se las podían brindar porque se tiene un acuerdo de confidencialidad. Y en el caso de Bolivia, la solicitud de información que presentaron ante la Asamblea Legislativa no tuvo ninguna respuesta.
Silvia Molina, quien es ingeniera civil con experiencia en temas de infraestructura en transporte y energía, está finalizando una investigación junto al CEDLA, denominada "El papel de la CAF como planificador en la energía hidroeléctrica regional".
Y según nos explicó la investigadora, el proceder de la CAF como ente financiador del Estudio de Potencial Hidroeléctrico, estaría vulnerando una serie de normas bolivianas referidas al control social, la transparencia en la gestión pública, así como normativas internacionales, en lo que significa la responsabilidad de estas instituciones financieras multilaterales en la afectación de los derechos humanos.
Molina explica que lo más complicado en este momento es abrir este Estudio a un debate público y amplio. Ya que no se trata solo de un debate energético, sino de un debate sobre la Amazonia boliviana.
A tiempo de indicar que, "le estamos poniendo una mirada muy fuerte a la transparencia, un tema que lo vemos como vulneración de derechos y el tema del papel de la CAF de ver el desarrollo por encima de la gente."
A la luz de la pandemia, Worley Parsons ha estado buscando líderes comunitarios y otros representantes locales para programar presentaciones virtuales del proyecto. Esto puso en alerta a los miembros del Movimiento de Afectados por Represas (MAB), una de las movilizaciones populares más influyentes en todo Brasil, que está presente en Rondonia desde la construcción de Jirau y Santo Antônio.
Según Francisco Kelvin, coordinador del MAB en Rondonia, el movimiento está orientando a que las comunidades no acepten las invitaciones para presentar estudios de nuevas hidroeléctricas. Para él, las consultas virtuales no pueden considerarse consultas populares de facto, ya que muchas de las comunidades afectadas no podrían participar por falta de acceso a internet.
Lidia Antty, quien forma parte del Comité Defensor de la Vida Amazónica en la cuenca del río Madera, en el municipio de Guayaramerín, Beni, fue también otra de las personas contactadas por Worley Parsons.
Antty, nos indicó con un tono de voz desanimado, por la manera de proceder de la empresa, que esta compañía está contactando a diferentes personas por WhatsApp, para presentarles el estudio de forma virtual.
"Cuando les pedimos que queremos una carta oficial, y no un mensaje en el celular, entonces nos respondieron que todavía no habían completado el estudio. O sea que no quieren dar la información exactamente."
En opinión de Kelvin, desde 2014 ha existido una gran presión por parte de los empresarios para sacar las nuevas represas del papel. La razón, según él, sería la percepción de que sin centrales hidroeléctricas adicionales aguas arriba, el caudal del río Madeira no será previsible. En 2014, las mayores inundaciones jamás registradas ocurrieron alrededor del Madeira. Miles de personas quedaron sin hogar, y las comunidades ribereñas fueron destruidas por la fuerza del agua liberada por las centrales.
"Ribeirão y Cachuela Esperanza permitirían el control del agua, sería la caja de agua perfecta", dice el activista, que señala a la central hidroeléctrica de Jirau como la principal beneficiaria de este mayor control del flujo.
Para la elaboración de este reportaje, nos pusimos en contacto con Electrobras para solicitar copias de los estudios de potencial hidroeléctrico que se presentarán para su consulta pública, pero la empresa estatal brasileña nos informó que no proporciona estudios en curso.
Y así, los delfines rosados y la población local de Bolivia y Brasil están atrapados por los ambiciosos planes de sus gobiernos para la construcción de centrales hidroeléctricas que amenazan con aislarlos aún más y son igual de insuperables a las barreras impuestas por las represas del río Madeira.
